ABJD denuncia Bolsonaro por crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional

Presidente estimula o contágio e coloca a vida de milhares de pessoas em risco na pandemia A ABJD (Associação Brasileira de Juristas pela Democracia) protocolou nesta quinta-feira, (2/4) uma representação (Leia a íntegra em português e inglês ) no TPI (Tribunal Penal Internacional) contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela prática de crime contra a humanidade que vitima a população brasileira diante da pandemia de coronavírus. Acesse o texto de divulgação em  inglês e espanhol . De acordo com a entidade, o Brasil possui, no atual momento, um chefe de governo e de Estado cujas atitudes são total e absolutamente irresponsáveis. Por isso, solicitam ao TPI que instaure procedimento para averiguar a conduta do presidente e condene Bolsonaro pelo crime contra a humanidade por expor a vida de cidadãos brasileiros, com ações concretas que estimulam o contágio e a proliferação do vírus, aplicando a pena cabível. “Por ação ou omissão, Bolsonaro coloca a vida d

Bolsonaro denunciado por crimen de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional


Se considera que el presidente de Brasil “pone en riesgo la vida de la población” al hacer caso omiso a las recomendaciones de la OMS acerca del COVID-19. Foto: TV Brasil


La denuncia (accede aquí y aquí) contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido presentada hoy, 3 de abril, por la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) ante la Corte Penal Internacional (CPI) por practicar crímenes de lesa humanidad.

Según los abogados que firman la petición, Ricardo Franco Pinto (España) y Charles Kurmay (Estados Unidos), las acciones de Bolsonaro “se han llevado a cabo con el fin de minimizar la gravedad del COVID-19 y fomentar actividades que podrían provocar la propagación rápida e incontrolada de esta enfermedad mortal. Estas violaciones del Derecho Penal Internacional merecen la atención de la Corte Penal Internacional para proteger la vida, la salud y el bienestar de millones de personas que viven en Brasil y en todo el mundo. Las proyecciones estadísticas demuestran que habrá más de 1 millón de muertes en Brasil si no se cumplen las recomendaciones de la OMS.”

La ABJD solicita a la Corte Penal Internacional que inicie investigaciones para analizar la conducta del mandatario y que, al final, le condene por poner en riesgo la vida de los ciudadanos con arreglo al artículo 7 (1) (k) del Estatuto de Roma.

Violación de medidas sanitarias
En la denuncia se relatan las acciones realizadas por el mandatario que relativizan la gravedad de la pandemia y violan las recomendaciones de autoridades sanitarias en todo el mundo, especialmente las directrices de la OMS y las de todas las naciones que estuvieron o están en el epicentro de la pandemia.

Entre estas acciones, están sus discursos oficiales que estimulan el fin del aislamiento social y el regreso a las actividades en escuelas y comercios; la campaña oficial “Brasil no puede parar”; su participación en actos públicos que generan aglomeraciones; y el Decreto que determina la reapertura de iglesias y loterías.

“Los crímenes cometidos afectan severamente a la salud física y mental de la población brasileña, exponen diversos segmentos a un virus letal y tiene una brutal capacidad de proliferación, como ya se demostró en diversos países. En los lugares donde se desatendió a la política de cuarentena se incrementó el impacto de la pandemia, como en Italia, España y Estados Unidos”, recoge la denuncia.

Crímenes

Según la ABJD, Bolsonaro estaría cometiendo crimen de epidemia, establecido en el artículo 267 del Código Penal Brasileño y en la Ley número 8.072/1990, que dispone sobre delitos atroces, además de violar la medida sanitaria preventiva, según establece el artículo 268 del Código Penal. El mandatario también viola la Ley número 13.979, de 6 de febrero de 2020, que trata específicamente de la emergencia del COVID-19 y el decreto interministerial número 05, del 17 de marzo de 2020, que establece en sus artículos 3º y 4º que el incumplimiento de las medidas de aislamiento y cuarentena, así como la resistencia a someterse a exámenes médicos, pruebas de laboratorio y tratamientos médicos específicos pueden llevar a sanciones según los artículos 268 y 330 del Código Penal.

“De hecho, es el Presidente de la República de Brasil quien viola todas estas normativas al animar a las personas a regresar a sus trabajos, a los niños a regresar a las escuelas, a los jóvenes a regresar a las universidades y a todos los demás a moverse normalmente por las calles. Todo esto conducirá a la infección de miles y miles de personas y la muerte de miles más debido a la confusión que crea el propio Presidente”, afirma.

Por ello, los integrantes de la Asociación señalan que el jefe del Ejecutivo desprecia las autoridades sanitarias y científicas que recomiendan una estrategia de guerra para reducir los efectos de la pandemia.

“El Presidente de Brasil, haciéndose eco de empresarios sin escrúpulos, se ha negado obstinadamente a adoptar el estándar mundial de la lucha contra la pandemia y el aislamiento social. Por lo tanto, debido a las acciones del presidente Bolsonaro, Brasil deja de participar en la estrategia de aplanar la curva de infección. Más bien, busca expandirla. La conducta de Bolsonaro inevitablemente causará el colapso del sistema de salud en Brasil”, recoge la denuncia.

Corte Penal Internacional

El Estatuto de Roma guía la actuación de la Corte Penal Internacional y está incluido en el ordenamiento jurídico brasileño tras su aprobación en el Congreso Nacional (Decreto 4.388/2002). Al incorporar la normativa, el país acepta que hay crímenes que afectan directamente a miles de personas globalmente, causando profundo repudio a la humanidad.

El artículo 27.1 del Estatuto de Roma establece que la inmunidad del jefe de Estado no lo exime de su responsabilidad penal ni representa una razón para que se reduzca su pena. La inmunidad del cargo tampoco impide que la Corte ejerza su jurisdicción sobre el mandatario.

Brasil no solo ratificó el estatuto, sino que lo incluyó en su § 4º al artículo 5º de la Constitución Federal de 1988, reconociendo la sumisión del país a la jurisdicción internacional de la Corte.

De este modo, la ABJD afirma que no le cabe duda sobre la legitimidad y competencia de la Corte Penal Internacional para tramitar la denuncia. Además, la Asociación evidencia que miembros de la fiscalía federal de Brasil ya habían intentado hacer con que el Fiscal General de la República – única autoridad que podría demandar al mandatario en el país – convenciera a Bolsonaro de que se abstuviera de seguir con acciones que pongan en riesgo la población ante una grave epidemia; sin embargo, la solicitud fue archivada.

“La internacionalización del tema es urgente e importante. Que sepamos, Brasil es el único país del mundo que tiene un Jefe de Estado que viola las determinaciones legales de su propio país y de las organizaciones internacionales de salud, colocando la población brasileña en grave riesgo (debido al efecto y al impacto perjudicial) de sus actitudes hacia el público en general, que no sabrá a quién obedecer)”, añade.

“Como se ha dicho muchas veces, la existencia misma de la CPI reside en el combate a la impunidad. Hasta la fecha, debido a que el presidente Bolsonaro ha podido actuar con relativa impunidad, se siente autorizado a cometer los crímenes discutidos aquí y en la actualidad no hay absolutamente nada que lo disuada de continuar haciéndolo”, concluyendo que “las actitudes de Bolsonaro y su gobierno están llevando Brasil a una crisis humanitaria tan letal como cualquier genocidio, crimen de lesa humanidad o crimen de guerra que se haya presentado ante la Corte Penal Internacional”